Por Carolina Herrero. La instancia para dirimir situaciones que involucren un comportamiento de dudosa ética por parte de empresas multinacionales es una herramienta de actual escasa utilidad, pero ¿por qué?
Una de las inconsistencias de la actitud de un gobierno es adherirse voluntariamente a iniciativas internacionales y luego no comprometer su accionar para garantizar que las mismas sean cumplidos en el país. En este caso, me refiero a las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales.
Estas directrices de carácter voluntario enuncian principios y normas para regular la conducta empresarial responsable, en terrenos como publicación de información, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de las personas consumidoras, entre otros.
Los mismos, fijan la necesidad de que cada país que se adhiera debe establecer un Punto Nacional de Contacto (PNC) quien será encargado de dar a conocer los derechos que tiene la sociedad civil a presentar quejas e instancias específicas sobre empresas multinacionales con actividades poco éticas. Pero claro, si los gobiernos no dan a conocer esta figura (la del PNC) y como se debe desarrollar el procedimiento de presentación de dicha instancia, para que el PNC pueda actuar como mediador en el proceso entre quién denuncia y la multinacional denunciada, de poco sirven los banderines que agitan los gobiernos en señal de su adhesión a principios.
Si la gente “de a pié” no sabe que puede denunciar comportamientos poco éticos, en una instancia extrajudicial, si no saben ante quién dirigirse, o si desconfían de la imparcialidad de ese PNC mediador, estas instancias quedan solo en meras buenas intenciones.
En el taller organizado por el Observatorio de RSC junto con Setem, “Hacia un modelo europeo de Punto Nacional de Contacto”, quedó de manifiesto la necesidad de que los PNC tuvieran una constitución cuatripartita (gobierno-empresa-soc.civil-sindicatos), así como la necesidad de dotarlos de recursos (tanto humanos como materiales) para que puedan ejercer su función, contando con la adecuada promoción e institucionalización de los canales de participación.
Asimismo, en dicho taller se pudo compartir experiencias muy enriquecedoras, como por ejemplo la experiencia australiana, donde sentaron precedente al incluir en la declaración final del PNC todos aquellos aspectos en los cuales se llegó a acuerdo entre las partes, así como los puntos donde la multinacional no quiso embarcarse en las mejoras propuestas.
Estas instancias son sumamente valiosas si se dan a conocer, si se difunde su existencia y modalidad de operancia. Pero si queda relegado a una dependencia en un Ministerio de Comercio Exterior, sujeto a presiones de las cámaras de comercio, de industria, de empresas exportadoras y demás, están destinados a “morir sin pena ni gloria”.
Resulta sumamente llamativo que en el último año no se haya presentado ni una sola instancia ante el PNC Español; dato que evidencié perpleja en la reunión anual del PNC español para informar sobre el avance y actuaciones del último año. Parece pues, que no ha habido ni una sola vulneración a los derechos de las personas trabajadoras, ni un solo caso de corrupción (notorio esto dado que hay países donde es imposible operar al margen de acciones corruptas).
La sociedad debe ser conciente de sus derechos, y está claro que desde el gobierno no se va a generar el flujo de información necesaria. Debemos, desde el tercer sector, intentar generar conciencia y difundir los derechos existentes para hacerlos valer.
Intentemos remendar el cable pelado y poder así, hacer contacto.
Una de las inconsistencias de la actitud de un gobierno es adherirse voluntariamente a iniciativas internacionales y luego no comprometer su accionar para garantizar que las mismas sean cumplidos en el país. En este caso, me refiero a las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales.
Estas directrices de carácter voluntario enuncian principios y normas para regular la conducta empresarial responsable, en terrenos como publicación de información, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de las personas consumidoras, entre otros.
Los mismos, fijan la necesidad de que cada país que se adhiera debe establecer un Punto Nacional de Contacto (PNC) quien será encargado de dar a conocer los derechos que tiene la sociedad civil a presentar quejas e instancias específicas sobre empresas multinacionales con actividades poco éticas. Pero claro, si los gobiernos no dan a conocer esta figura (la del PNC) y como se debe desarrollar el procedimiento de presentación de dicha instancia, para que el PNC pueda actuar como mediador en el proceso entre quién denuncia y la multinacional denunciada, de poco sirven los banderines que agitan los gobiernos en señal de su adhesión a principios.
Si la gente “de a pié” no sabe que puede denunciar comportamientos poco éticos, en una instancia extrajudicial, si no saben ante quién dirigirse, o si desconfían de la imparcialidad de ese PNC mediador, estas instancias quedan solo en meras buenas intenciones.
En el taller organizado por el Observatorio de RSC junto con Setem, “Hacia un modelo europeo de Punto Nacional de Contacto”, quedó de manifiesto la necesidad de que los PNC tuvieran una constitución cuatripartita (gobierno-empresa-soc.civil-sindicatos), así como la necesidad de dotarlos de recursos (tanto humanos como materiales) para que puedan ejercer su función, contando con la adecuada promoción e institucionalización de los canales de participación.
Asimismo, en dicho taller se pudo compartir experiencias muy enriquecedoras, como por ejemplo la experiencia australiana, donde sentaron precedente al incluir en la declaración final del PNC todos aquellos aspectos en los cuales se llegó a acuerdo entre las partes, así como los puntos donde la multinacional no quiso embarcarse en las mejoras propuestas.
Estas instancias son sumamente valiosas si se dan a conocer, si se difunde su existencia y modalidad de operancia. Pero si queda relegado a una dependencia en un Ministerio de Comercio Exterior, sujeto a presiones de las cámaras de comercio, de industria, de empresas exportadoras y demás, están destinados a “morir sin pena ni gloria”.
Resulta sumamente llamativo que en el último año no se haya presentado ni una sola instancia ante el PNC Español; dato que evidencié perpleja en la reunión anual del PNC español para informar sobre el avance y actuaciones del último año. Parece pues, que no ha habido ni una sola vulneración a los derechos de las personas trabajadoras, ni un solo caso de corrupción (notorio esto dado que hay países donde es imposible operar al margen de acciones corruptas).
La sociedad debe ser conciente de sus derechos, y está claro que desde el gobierno no se va a generar el flujo de información necesaria. Debemos, desde el tercer sector, intentar generar conciencia y difundir los derechos existentes para hacerlos valer.
Intentemos remendar el cable pelado y poder así, hacer contacto.
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